Opinión: Estado y Pobreza. Diálogos Pendientes.

Por Christian Casanova

Sociólogo

Director General Equipo Alén

Uno de los temas fundamentales en la reflexión sociológica es el que indaga en la estructura de producción y reproducción de la desigualdad, más específicamente en los aspectos sociales y sistémicos que atañen a la pobreza. Por tratarse de una característica relacionada estrechamente a los momentos históricos en los que se inserta el análisis, obliga a las ciencias que se ocupan de la sociedad y la política, a una permanente redefinición de tales conceptos.

En este sentido quisiera abordar algunas de las variaciones que han experimentado en la última década, las definiciones y el tratamiento que el Estado de Chile realiza frente a la pobreza.

El año 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se implementó el sistema de protección social bajo la ley del Sistema Chile Solidario. El objetivo de esta política pública es la búsqueda de la superación de la pobreza y extrema pobreza del país, situación que para esos años ascendía a un 5,6% de la población. Dentro de este grupo objetivo encontramos un tipo de pobreza más dura y de difícil tratamiento que constituye precisamente el foco de trabajo del programa Puente, iniciativa emblemática y constitutiva del sistema de protección social Chile Solidario.

El programa Puente establece una forma de operacionalizar la pobreza en términos de carencia de ciertos mínimos relacionados con aspectos materiales y otros, que constituyen necesidades básicas socialmente determinadas, como por ejemplo, la educación. En total son 79 condiciones mínimas determinantes de la experiencia de pobreza que deberán ser trabajadas por profesionales y técnicos con cada una de las familias insertas al programa.

En términos prácticos los criterios involucrados en el trabajo para la superación de tales condiciones no demuestran una orientación hacia la sustentabilidad (aunque en los objetivos del programa Puente aparezca explícitamente) y, más bien resulta un accionar de carácter asistencialista o paternalista por parte del Estado.  La ausencia de un monitoreo serio hacia las familias egresadas del programa es un reflejo del débil interés en verificar el grado de cumplimiento de los compromisos declarados (sustentabilidad), más aún, las actividades implementadas adolecen de escaso  análisis anulando posibles argumentaciones a ciencia cierta.

Si bien es cierto, el programa Puente aborda de alguna manera la reducción de la desigualdad en términos de ingresos, no se hace cargo de la estructura de producción de la dominación clasista que sugiero existe en el tratamiento de las familias que experimentan la extrema pobreza en nuestro país.

Esta dominación que planteo es observable analizando la lógica en la que opera el programa Puente. Por una parte se utilizan banderas de lucha como la inclusión y la sustentabilidad, y por otra, hay un ocultamiento deliberado de la exclusión social.  Esto, debido a que este tipo inclusión de los grupos más desposeídos a las redes institucionales (que habitualmente se hace transfiriendo subsidios monetarios del estado hacia las familias), tiene como efecto adverso, la invisibilización, es decir que finalmente, no serán tomados en cuenta.

Es sabido que, el programa Puente no posee mediciones formales sobre la calidad y satisfacción que han generado los beneficios otorgados. Se trata, entonces, de una relación de una vía, pues aún cuando existe interés en trabajar con las familias, se genera un vínculo que deja fuera la posibilidad de escucharlas y dialogar con ellas.

Es extraña la disminuida dimensión mediática que poseen programas como el señalado, esto considerando lo importante que son las temáticas tratadas.

Porcentaje del PIB que habría que destinar a los hogares
pobres para que alcanzaran la línea de pobreza vigente el
año respectivo.
Fuente: www.pnud.cl

Es necesario avanzar en las conceptualizaciones de la pobreza. Ya no bastan las variables tradicionalmente utilizadas como el ingreso y el chequeo de ciertas condiciones materiales, o condiciones institucionalmente determinadas de relevancia social. La consideración de este rasgo relativo de la pobreza, requiere la visualización de aspectos como la autoestima, las relaciones positivas familiares, comunitarias e identidad, entre otros.  Un tipo de caracterización relevante y que hoy no puede estar ausente al momento de abordar el tema de la pobreza. Las políticas sociales deben abrirse a aspectos más cualitativos de la experiencia de pobreza en  nuestro país. No hacerlo, a estas alturas, constituye un reduccionismo poco eficiente para una política pública de estado.

Lo anterior, no implica la ampliación del aparataje burocrático, si se requiere de manera urgente la inclusión de  nuevos aspectos. Repensar los criterios actuales, por esta vía, permitirá al Programa Puente redimirse del sentido meramente asistencialista que carga por estos días. Sin duda se agradece el pescado, pero ahora toca la red.