Por Christian Casanova
Sociólogo
Director General Equipo Alén

Uno de los temas fundamentales en la
reflexión sociológica es el que indaga en la estructura de producción y
reproducción de la desigualdad, más específicamente en los aspectos sociales y
sistémicos que atañen a la pobreza. Por tratarse de una característica
relacionada estrechamente a los momentos históricos en los que se inserta el
análisis, obliga a las ciencias que se ocupan de la sociedad y la política, a
una permanente redefinición de tales conceptos.
En este sentido quisiera abordar
algunas de las variaciones que han experimentado en la última década, las
definiciones y el tratamiento que el Estado de Chile realiza frente a la pobreza.
El año 2002, bajo el gobierno de
Ricardo Lagos se implementó el sistema de protección social bajo la ley del Sistema
Chile Solidario. El objetivo de esta política pública es la búsqueda de la
superación de la pobreza y extrema pobreza del país, situación que para esos
años ascendía a un 5,6% de la población. Dentro de este grupo objetivo
encontramos un tipo de pobreza más dura y de difícil tratamiento que constituye
precisamente el foco de trabajo del programa Puente, iniciativa emblemática y
constitutiva del sistema de protección social Chile Solidario.
El programa Puente establece una
forma de operacionalizar la pobreza en términos de carencia de ciertos mínimos
relacionados con aspectos materiales y otros, que constituyen necesidades
básicas socialmente determinadas, como por ejemplo, la educación. En total son 79
condiciones mínimas determinantes de la experiencia de pobreza que deberán ser
trabajadas por profesionales y técnicos con cada una de las familias insertas
al programa.
En términos prácticos los criterios
involucrados en el trabajo para la superación de tales condiciones no demuestran
una orientación hacia la sustentabilidad (aunque en los objetivos del programa
Puente aparezca explícitamente) y, más bien resulta un accionar de carácter
asistencialista o paternalista por parte del Estado. La ausencia de un monitoreo serio hacia las
familias egresadas del programa es un reflejo del débil interés en verificar el
grado de cumplimiento de los compromisos declarados (sustentabilidad), más aún,
las actividades implementadas adolecen de escaso análisis anulando posibles argumentaciones a
ciencia cierta.
Si bien es cierto, el programa Puente
aborda de alguna manera la reducción de la desigualdad en términos de ingresos,
no se hace cargo de la estructura de producción de la dominación clasista que
sugiero existe en el tratamiento de las familias que experimentan la extrema
pobreza en nuestro país.
Esta dominación que planteo es observable
analizando la lógica en la que opera el programa Puente. Por una parte se
utilizan banderas de lucha como la inclusión y la sustentabilidad, y por otra,
hay un ocultamiento deliberado de la exclusión social. Esto, debido a que este tipo inclusión de los
grupos más desposeídos a las redes institucionales (que habitualmente se hace
transfiriendo subsidios monetarios del estado hacia las familias), tiene como
efecto adverso, la invisibilización, es decir que finalmente, no serán tomados
en cuenta.
Es sabido que, el programa Puente no
posee mediciones formales sobre la calidad y satisfacción que han generado los
beneficios otorgados. Se trata, entonces, de una relación de una vía, pues aún
cuando existe interés en trabajar con las familias, se genera un vínculo que
deja fuera la posibilidad de escucharlas y dialogar con ellas.
Es extraña la disminuida dimensión
mediática que poseen programas como el señalado, esto considerando lo
importante que son las temáticas tratadas.
![]() |
Porcentaje del PIB que habría que destinar a los hogares pobres para que alcanzaran la línea de pobreza vigente el año respectivo. Fuente: www.pnud.cl |
Es necesario avanzar en las conceptualizaciones
de la pobreza. Ya no bastan las variables tradicionalmente utilizadas como el
ingreso y el chequeo de ciertas condiciones materiales, o condiciones
institucionalmente determinadas de relevancia social. La consideración de este
rasgo relativo de la pobreza, requiere la visualización de aspectos como la
autoestima, las relaciones positivas familiares, comunitarias e identidad,
entre otros. Un tipo de caracterización relevante
y que hoy no puede estar ausente al momento de abordar el tema de la pobreza. Las
políticas sociales deben abrirse a aspectos más cualitativos de la experiencia
de pobreza en nuestro país. No hacerlo,
a estas alturas, constituye un reduccionismo poco eficiente para una política
pública de estado.
Lo anterior, no implica la ampliación del
aparataje burocrático, si se requiere de manera urgente la inclusión de nuevos aspectos. Repensar los criterios
actuales, por esta vía, permitirá al Programa Puente redimirse del sentido meramente
asistencialista que carga por estos días. Sin duda se agradece el pescado, pero
ahora toca la red.
Las políticas sociales, o en general, las políticas públicas son una forma específica y concreta de intervención en la realidad social. En este sentido, es muy importante tener en cuenta siempre, que epistemológicamente, el Estado interviene en concordancia a un enfoque predominante y/o hegemónico. Históricamente, esta visión se ha ido transformando en la medida en que se han constatado los aciertos y errores de las estrategias implementadas.
ResponderEliminarA mediados de los ochenta y principios de los noventa, en América Latina se fue desplegando una perspectiva política y económica distinta a la que había predominado en décadas anteriores, la que consistía en posicionar al mercado en el centro de la escena, todo esto en un contexto de crisis fiscal en torno al Estado. Esta perspectiva buscaba la reducción de las intervenciones y estructuras públicas. En este contexto de reduccionismo estatal a favor del mercado, se sustentaba la necesidad de modernizar y recortar las administraciones públicas con el objetivo claro de hacerlas más eficientes.
Así, a fines del siglo XX las contradicciones y fallas del paradigma neoliberal, tales como el acrecentamiento de las brechas y desigualdades sociales, desacoplamiento de la ciudadanía y mundo político, irregularidades en el manejo fiscal, precarización del trabajo en la forma de subcontratación y tercerización, deterioro y conflicto con el medio ambiente, o incluso las mismas que el autor plantea en la columna; precisaron una nueva revisión del análisis original, y poco a poco se comenzó a proponer que la clave ya no contemplaba entonces reducir el Estado, sino mejorar la administración y trabajo del mismo. Junto con esta relegitimación del Estado se reiteraba la necesidad de ajustar las Administraciones Públicas a esta nueva era.
Es importante avanzar hacia la modernización del Estado, con una visión clara de reconstruir el espacio de religitimación del Estado. Frente a esto, también se nos presentan distintos matices paradigmáticos que serían importantes de revisar, tales como el Neoweberianismo y la Democratización de la administración pública.
Saludos cordiales.