jueves, 9 de agosto de 2012

Invitación: Diálogos Trasandinos Chile/Argentina. Memoria, Justicia, Política y Cultura en las transiciones democráticas




Estimad@s lector@s:
Los invitamos a este encuentro que busca leer y profundizar la reflexión en torno a algunos legados, los oscuros y los luminosos, con el fin de poder pensar los desafíos que ambas comunidades tienen por delante, a un lado y otro de la Cordillera, en los comienzos de este nuevo milenio. 
En el marco del encuentro se realizarán ocho paneles a cargo de destacados especialiastas en construcción de la memoria, derechos humanos e historia reciente de ambos países. Entre ellos se encuentran: 
  • Ricardo Lagos Escobar.
  • Sergio Bitar. Ex Senador y Ministro de Educación y Obras Públicas.
  • Daniel Filmus. Senador. Ex Ministro de Educación. Argentina
  • Lorena Fries, Directora Instituto Nacional Derechos Humanos, Chile
  • María Cristina Perceval, Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos, Argentina.
  • Patricia Tappatá Valdez, Investigadora en Derechos Humanos y democracia
  • Doctora Laura Malosetti Costa. Historiadora del Arte, Argentina
  • Ramón Castillo. Director de la Facultad de Artes de de la Universidad Diego Portales, Chile


miércoles, 18 de julio de 2012

Carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Unidad de los Derechos de Lesbianas, Gays, Personas Trans, Bisexuales e Intersex


Washington D.C. 12 de julio de 2012

Estimadas Organizaciones sociales y/o Defensorxs de los derechos de las personas LGTBI en las Américas,
Reciban un cordial saludo de parte de la Unidad para los derechos de las lesbianas, gay, personas trans, bisexuales e intersex (LGTBI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada por este organismo en noviembre de 2011, con el propósito de dar aún mayor énfasis al trabajo de la CIDH en esta materia. Para dicho fin, la CIDH ha empezado a adelantar una serie de acciones que pueden ser consultadas en su sitio web en el siguiente enlace: http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/. Por ejemplo, la CIDH ha emitido varios comunicados en días recientes que pueden ser de su interés. Al respecto, véanse:http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/comunicados/
Conscientes de la importancia del trabajo adelantado por las organizaciones sociales que trabajan en el tema, la CIDH se beneficiaría de contar con la mayor información posible acerca de los debates, sucesos y temas que actualmente se adelantan en el continente en relación a los derechos de las personas LGBTI, razón por la cual remitimos este mensaje con el fin de solicitar que se incluya este correo entre sus listas de envío de información. 
Agradeceríamos la circulación y divulgación de este correo electrónico y de la página web de la Unidad entre sus contactos.
La Unidad desea también por esta vía poder allegarles información relevante, acerca de comunicados, audiencias y estudios, así como otras acciones, que se adelanten  en el Sistema Interamericano en relación a los derechos de las personas LGTBI. Por favor indicar en caso que no desee recibir esta información por esta vía. Asimismo, si desea recibir directamente todos los comunicados de prensa de la CIDH puede suscribirse en el enlacehttp://www.oas.org/es/cidh/prensa/suscribir.asp.
También puede seguir a la CIDH en su página de Facebook, en el siguiente enlace:http://www.facebook.com/#!/CIDH.OEA.  
Saludos cordiales,

Unidad para los Derechos de Lesbianas, Gays, Personas Trans, Bisexuales e Intersex
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  Organización de los Estados Americanos

miércoles, 11 de julio de 2012

Opinión: Las implicancias de la polémica Ley Hinzpeter.

Por Camila Erazo y Tamara Celis

Llama la atención que el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Orden Público, también conocido como la Ley Hinzpeter, haya despertado la preocupación de actores internacionales y no los cuestionamientos de las autoridades encargadas de velar por la promoción y el resguardo de los derechos humanos en el país. Tras revisar las noticias y mensajes que publica el sitio web del Instituto de Derechos Humanos, que como suponemos, buscan informar y posicionar el discurso sobre derechos humanos en los medios públicos, no encontramos nada respecto a esta ley que tan cuestionada ha estado en este último período por el ojo internacional. Lo mismo ocurre en el caso de las autoridades políticas de este país. Ni parlamentarios, ni autoridades del gobierno se han pronunciado al respecto.
La principal preocupación de la ONU es que la ley pueda restringir excesivamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como también,criminalizar a las personas que ejerzan estos derechos. Otra gran preocupación por parte de este organismo es que dicha ley pueda impedir el trabajo de periodistas y observadores de derechos humanos. El gobierno, como respuesta a las peticiones formuladas por tres relatores de Naciones Unidas, señaló que varias de ellas se tratarían de apreciaciones de ciertos grupos de interés por lo que estarían alejadas de los hechos reales. A ello, añadió que el Instituto de Derechos Humanos operaría actualmente como medida de resguardo de los derechos humanos en las manifestaciones, por lo que asume que con ello esta materia estaría ya saldada.
Si bien es cierto que el Instituto de Derechos Humanos ha hecho un seguimiento a las acciones policiales, también es cierto que su acción no es suficiente como medida de resguardo de los derechos humanos. Esto queda evidenciado cuando observamos que no existe ninguna señal de manifestación respecto a esta materia legislativa, cuando debiera ser el portavoz.      
Respecto a la libertad de prensa, el texto asegura que “no tenemos conocimiento de hechos acaecidos en los últimos años en Chile que constituyan o puedan constituir una censura o restricción general a la libertad de prensa”; aunque asegura que en determinadas manifestaciones “algunas personas que realizaban actividades de cobertura periodística fueron detenidos por las fuerzas policiales”, hechos que pueden ser denunciados pero que “no constituyen en lo absoluto una perturbación o restricción general o permanente a la libertad de prensa”. 
Entonces, ¿cuál es el problema de la Ley Hinzpeter? El principal problema de esta ley, es que tipifica un nuevo delito de desórdenes públicos que está muy vinculado a la participación de la gente en manifestaciones sociales. En efecto, es un proyecto que se presta para pensar que su propósito no es criminalizar los hechos de violencia que eventualmente acontecen en las movilizaciones sociales o marchas masivas, sino más bien, la participación de los ciudadanos en estas actividades. En este sentido, la ley no establece criterios claros y definidos que permitan distinguir entre hechos delictuales que se producen en las manifestaciones y la participación en este tipo de actividades.
Otro punto alarmante de esta ley, es la extensión de la criminalización con igual grado de pena (de 541 días hasta 3 años) a quienes hayan “incitado, promovido o fomentado desórdenes u otro acto de fuerza o violencia”. Con ello se ve vuelve a reiterar el vacío y ambigüedad que presenta este proyecto de ley, dado que este punto parece augurar que las personas que convoquen a alguna marcha suficientemente masiva quedarán siempre expuestas a ser perseguidas penalmente.    
Asimismo, se establece la penalización de tomas y paros en establecimientos educacionales, recintos políticos, comerciales, públicos, etcétera. Y de las personas que actuaren con el rostro encubierto. 
En una entrevista que realiza el diario electrónico El Dínamo, al abogado y profesor Juan Pablo Mañalich, (hijo del actual Ministro de Salud) respecto a otras opciones que se podrían contemplar para avanzar en resolver en la responsabilidad de quienes realizan actos delictuales en marchas, señala tajantemente que no es necesaria una innovación legislativa para lograrlo, sino que basta con modificar algunos aspectos marginales, dado que la legislación actual ya tipifica los delitos que este proyecto cubre. En este sentido, explica que al parecer habría otras intenciones detrás de este proyecto, orientadas a “generar un instrumento de represión táctica de determinadas formas de expresión política” (publicado en el diario electrónico El Mostrador).        
No hay duda de que este proyecto no tiene otra intención que la de criminalizar la figura de las movilizaciones sociales, sus participantes y activistas sociales. Ha vista de cualquier experto, este es el propósito de presentar un proyecto que en casi la totalidad de su articulado, incorpora penalizaciones sobre materias ya vigentes en la actual legislación del país. Los únicos elementos que no están incorporados y vigentes actualmente, son precisamente aquellos referidos a la criminalización de los convocantes y participantes de las marchas y movilizaciones masivas. De esto, lo único que queda pensar es que este proyecto sólo pretende acabar con los derechos políticos de quienes participan de dichas instancias.

domingo, 1 de julio de 2012

Opinión: El Chiste Repetido del #chaobinominal

Por Salvador Muñoz K.
Cientista político y Presidente del Partido de Izquierda PAIZ
@SalvadorMunozK



Como siempre ha ocurrido durante la transición eterna, cada vez que se acerca una elección, el cogobierno de la Alianza y la Concertación inventa un tema de debate para dar la impresión de que existe alguna diferencia significativa, y mostrar que esta pseudo democracia ofrece alternativas en el sistema político. El resultado no cambia: después de más de 20 años el sistema binominal y toda la institucionalidad heredada de la dictadura siguen incólumes. Alianza y Concertación juegan al “un, dos, tres, ¡momia!” De ahí que la veleidad concertacionista de modificar el sistema electoral binominal, y la excusa de que tal osadía es siempre bloqueada por la Alianza, sean un mal chiste demasiado repetido durante los últimos veinte años.

La condición del pinochetismo civil y militar para cederle el gobierno a la Concertación fue que éstos mantuvieran intacta su obra: es decir su modelo económico y su institucionalidad política. La Concertación no solo aceptó esas condiciones de buen grado, sino que además hizo suyo el modelo económico profundizándolo, sacando provecho del uno y del otro. Como dijo Jaime Guzmán, “(…) había que asegurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

El abogado Fernando Atria resume muy bien la metáfora del ideólogo de la UDI cuando afirma que la cancha diseñada por Guzmán para la transición es una trampa: el equipo que gana está designado de antemano.

Quienes aceptaron participar de esta trampa son igual de tramposos que quienes la diseñaron. Con un sistema electoral binominal que le da poder de veto a la UDI en el parlamento, sumado al poder de veto que ostenta el Tribunal Constitucional, y con la imposición de mayorías parlamentarias imposibles de reunir para reformar leyes relevantes (eufemísticamente llamadas “leyes orgánicas”), Jaime Guzmán cerró con un triple candado cualquier posibilidad de realizar un cambio estructural significativo en Chile.

El poder de veto que le dejó a la Alianza, -y muy especialmente a la UDI-, es similar al que tienen los EEUU en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en el seno del FMI. El Consejo de Seguridad es el único organismo de la ONU que importa pues a diferencia del resto, -que se limita a ofrecer “recomendaciones”-, el Consejo de Seguridad puede obligar a los países miembros a acatar sus decisiones (con la notable excepción de Israel). Con nuestra Constitución pasa algo parecido. Las disposiciones que sustentan el actual modelo económico, político e institucional están contenidas en las llamadas “leyes orgánicas”. Reformarlas requiere tener el voto favorable de 70 de los 120 diputados y 22 de los 38 senadores. Sistema binominal mediante, quien se proponga hacer algo distinto a lo que haría Guzmán en el poder necesitaría la anuencia de estos 92 parlamentarios.

En la práctica –con ley de partidos políticos de Pinochet y sistema electoral binominal mediante- los parlamentarios son designados a dedo, -fifty-fifty Alianza/Concertación-, lo que hace casi imposible disponer de una mayoría parlamentaria simple, y sencillamente inimaginable el disponer de una mayoría calificada. Esta trampa hizo inevitable el cogobierno Alianza-Concertación, y nos legó un Parlamento ilegítimo e impotente, cuyo papel es mayormente decorativo.

El principal objetivo del sistema electoral binominal, -único en el mundo-, consiste en  darle poder de veto a los unos contra los otros y a ambos en contra del pueblo soberano, condenando al país a una crisis institucional permanente. Jaime Guzmán tomó tantos resguardos para conservar intacta la obra de Pinochet y la dictadura cívico-militar que, aún modificando el sistema binominal o alcanzando las mayorías calificadas para modificar estas “leyes orgánicas”, se termina chocando contra el Tribunal Constitucional que es el enemigo mortal de lo que logra pasar los dos filtros anteriores. Por eso la propuesta de Ricardo Lagos para modificar el binominal es tan insuficiente.

¿Hay un órgano más antidemocrático que el Tribunal Constitucional?

La soberanía concentrada en diez abogados que nadie ha elegido pero que tienen más poder que cualquier representante de la ciudadanía. Los miembros del Tribunal Constitucional no son electos popularmente: tres son ministros de la Corte Suprema elegidos por ella misma; tres son designados por el Presidente de la República; dos son elegidos por los 2/3 de los miembros del Senado, y los dos últimos son propuestos por la Cámara de diputados y designados por el Senado. Todos sus miembros deben ser obligatoriamente juristas. Su principal tarea consiste en eternizar la Constitución ilegítima.

El show que monta la Concertación cada vez que hay una elección es un mal chiste no sólo porque nunca logró ningún cambio significativo, sino porque gracias al dry cleaning que le hizo a la derecha y los arreglines institucionales, RN y la UDI no necesitan disponer de una mayoría para ejercer un derecho a veto.  En virtud de esa estafa se podría incluso maquillar el binominal, -como quieren hacerlo ahora-, sin eliminar ninguno de los tres candados institucionales de Jaime Guzmán dado que desde el 2001 la Alianza alcanza los 3/7 del Congreso que necesita para mantener su veto. Peor aún, cada nuevo maquillaje gatopardista, -como la firma de Lagos a la Constitución de Pinochet el año 2005-, posterga aún más el retorno a una democracia digna de ese nombre.

La única respuesta a los problemas de la democracia es más democracia. Sólo una Constitución democrática, elaborada por una Asamblea Constituyente y aprobada por el pueblo soberano, puede restituirle a Chile su calidad de República, y al pueblo los derechos que le arrebataron con un golpe de Estado.   



Equipo Alén agradece la buena disposición y la contribución de Salvador Muñoz en la construcción de este espacio de opinión.

lunes, 25 de junio de 2012

Opinión: Estado y Pobreza. Diálogos Pendientes.

Por Christian Casanova
Sociólogo
Director General Equipo Alén



Uno de los temas fundamentales en la reflexión sociológica es el que indaga en la estructura de producción y reproducción de la desigualdad, más específicamente en los aspectos sociales y sistémicos que atañen a la pobreza. Por tratarse de una característica relacionada estrechamente a los momentos históricos en los que se inserta el análisis, obliga a las ciencias que se ocupan de la sociedad y la política, a una permanente redefinición de tales conceptos.
En este sentido quisiera abordar algunas de las variaciones que han experimentado en la última década, las definiciones y el tratamiento que el Estado de Chile realiza frente a la pobreza.
El año 2002, bajo el gobierno de Ricardo Lagos se implementó el sistema de protección social bajo la ley del Sistema Chile Solidario. El objetivo de esta política pública es la búsqueda de la superación de la pobreza y extrema pobreza del país, situación que para esos años ascendía a un 5,6% de la población. Dentro de este grupo objetivo encontramos un tipo de pobreza más dura y de difícil tratamiento que constituye precisamente el foco de trabajo del programa Puente, iniciativa emblemática y constitutiva del sistema de protección social Chile Solidario.
El programa Puente establece una forma de operacionalizar la pobreza en términos de carencia de ciertos mínimos relacionados con aspectos materiales y otros, que constituyen necesidades básicas socialmente determinadas, como por ejemplo, la educación. En total son 79 condiciones mínimas determinantes de la experiencia de pobreza que deberán ser trabajadas por profesionales y técnicos con cada una de las familias insertas al programa.
En términos prácticos los criterios involucrados en el trabajo para la superación de tales condiciones no demuestran una orientación hacia la sustentabilidad (aunque en los objetivos del programa Puente aparezca explícitamente) y, más bien resulta un accionar de carácter asistencialista o paternalista por parte del Estado.  La ausencia de un monitoreo serio hacia las familias egresadas del programa es un reflejo del débil interés en verificar el grado de cumplimiento de los compromisos declarados (sustentabilidad), más aún, las actividades implementadas adolecen de escaso  análisis anulando posibles argumentaciones a ciencia cierta.
Si bien es cierto, el programa Puente aborda de alguna manera la reducción de la desigualdad en términos de ingresos, no se hace cargo de la estructura de producción de la dominación clasista que sugiero existe en el tratamiento de las familias que experimentan la extrema pobreza en nuestro país.
Esta dominación que planteo es observable analizando la lógica en la que opera el programa Puente. Por una parte se utilizan banderas de lucha como la inclusión y la sustentabilidad, y por otra, hay un ocultamiento deliberado de la exclusión social.  Esto, debido a que este tipo inclusión de los grupos más desposeídos a las redes institucionales (que habitualmente se hace transfiriendo subsidios monetarios del estado hacia las familias), tiene como efecto adverso, la invisibilización, es decir que finalmente, no serán tomados en cuenta.
Es sabido que, el programa Puente no posee mediciones formales sobre la calidad y satisfacción que han generado los beneficios otorgados. Se trata, entonces, de una relación de una vía, pues aún cuando existe interés en trabajar con las familias, se genera un vínculo que deja fuera la posibilidad de escucharlas y dialogar con ellas.
Es extraña la disminuida dimensión mediática que poseen programas como el señalado, esto considerando lo importante que son las temáticas tratadas.
Porcentaje del PIB que habría que destinar a los hogares
pobres para que alcanzaran la línea de pobreza vigente el
año respectivo.
Fuente: www.pnud.cl
Es necesario avanzar en las conceptualizaciones de la pobreza. Ya no bastan las variables tradicionalmente utilizadas como el ingreso y el chequeo de ciertas condiciones materiales, o condiciones institucionalmente determinadas de relevancia social. La consideración de este rasgo relativo de la pobreza, requiere la visualización de aspectos como la autoestima, las relaciones positivas familiares, comunitarias e identidad, entre otros.  Un tipo de caracterización relevante y que hoy no puede estar ausente al momento de abordar el tema de la pobreza. Las políticas sociales deben abrirse a aspectos más cualitativos de la experiencia de pobreza en  nuestro país. No hacerlo, a estas alturas, constituye un reduccionismo poco eficiente para una política pública de estado.
Lo anterior, no implica la ampliación del aparataje burocrático, si se requiere de manera urgente la inclusión de  nuevos aspectos. Repensar los criterios actuales, por esta vía, permitirá al Programa Puente redimirse del sentido meramente asistencialista que carga por estos días. Sin duda se agradece el pescado, pero ahora toca la red. 

lunes, 18 de junio de 2012

Opinión: Los verdaderos desafíos tras el Costanera Center. ¿Qué Chile queremos ser?




El martes pasado abrió en Santiago de Chile el edificio Costanera Center, el cual no ha estado exento de polémicas. Para algunos es la promesa arquitectónica de los últimos años. Para otros no es más que fuente de problemas en términos viales. Sólo el tiempo dirá si fue un gran acierto o un gran error.
Por Thiare Lizama & Daniela Briones


El edificio Costanera Center, es un mega proyecto que tiene una superficie construida que supera los 700.000 m2 en un terreno de 47.000 m2. Alberga dentro de sus instalaciones un enorme mall que posee más de 300 locales comerciales, dentro de los cuales se encuentran diversos supermercados, conocidas tiendas de retail, connotadas marcas extranjeras, circuitos gastronómicos y lugares de dispersión como juegos de aventuras y salas de cine.
La descripción del párrafo anterior pareciera demostrar que el Costanera Center se erige como una señal de progreso, que se presenta ante el mundo y el país como un símbolo de desarrollo y evolución al estilo de las más grandes capitales mundiales donde el lujo y la tecnológia son la vanguardia, no por nada es el edificio más alto y el mall más grande de América Latina. Sin embargo, las implicancias de su construcción van más allá de esto.
Lo que aquí se pretende no es hacer una crítica arquitectónica sobre el edificio, sino dar una mirada crítica sobre el impacto en la ciudad y en el entorno natural de la capital que este proyecto significa, más allá de que no se puede negar su impacto positivo en términos de puestos de trabajo para los chilenos y los beneficios económicos que su funcionamiento trae aparejado.
Más allá de la congestión vehicular que todos los expertos en el tema pronostican, desde nuestra postura resulta terrible el viajar hacia el sector oriente y encontrarse en medio del camino un enorme edificio que tapa la vista de la linda cordillera que nuestro país posee. Es innegable que no hay nada mejor, luego de un día lluvioso, que poder disfrutar de una imponente cordillera llena de colores frente a nuestros ojos.
Es aquí donde recae la primera reflexión: ¿cuánto le importa al Estado de Chile y a los chilenos el conservar su paisaje, y por lo tanto su historia y su cultura? Por un momento olvidemos la destrucción de los recursos y santuarios naturales, y centremos la discusión en el tipo de ciudad que se pretende construir. Día a día, de manera rápida e invasiva, miles de barrios y lugares clásicos de Santiago se ven destruidos y olvidados, dando paso a enormes edificios, que poco tienen que ver unos con otros y que más que ser un aporte resultan chocantes a quien los mira.
Construcciones históricas, con pasados gloriosos, estéticamente hermosos, y que han construido lo que Chile es hoy, muchas veces son olvidados y entregados a constructoras. Al contrario de las grandes capitales, en Santiago cada vez son menos las áreas verdes, los espacios de reunión, los teatros y las librerías. Por el contrario, nos llenan de supermercados, farmacias y malls. Entonces, la segunda reflexión es: ¿necesitamos tantos malls, farmacias y supermercados?
Con el boom inmobiliario, no sólo se ven afectados pequeños locales y residentes, sino también, la vida en torno a ellos. Hasta ahora, el mejor panorama para un fin de semana es ir a pasear por los pasillos del mall de moda, en donde no se promueve ni la sociabilización, ni la educación, ni la cultura. Por el contrario, el mensaje más próximo es el de arribismo, de deuda, y consumismo, con lo que se desmerece y se deja de lado el valor de aprovechar los espacios verdes que la ciudad brinda, pues probablemente sea más barato y más bonito ir al parque a disfrutar del aire libre.
El almacén de la esquina no es sólo un lugar de abastecimiento, es por sobre todo un punto de encuentro, en donde se intercambian opiniones e historias, y donde se puede observar y contribuir en el desarrollo de cada uno de los visitantes. La plaza del barrio es el lugar donde nacen los grandes amigos, donde se viven los mejores momentos de la infancia, y donde se da la posibilidad de conocer al vecino y su historia. Las amplias veredas no solo quitan espacio a los automóviles, sino que también entregan espacio para que el peatón se desenvuelva y sienta importante
No se intentan negar los avances en términos de desarrollo económico, crecimiento y tecnología que un edificio como el Costanera Center representa. Y como se mencionó al inicio, tampoco se desconocen las oportunidades laborales y de ingreso que generan espacios como este. Solamente se pretende enfatizar el doble discurso que desde ahí se genera: por una parte, se impulsan iniciativas nacionales que intentan promover el deporte y la cultura, considerando que las personas tienen problemas de obesidad, supuestamente son flojos y poco intelectuales. No obstante, por otro lado, nos llenan de cosas innecesarias, nos tapan el sol con grandes edificios y nos llenan de comida chatarra. 
Por lo menos nosotros queremos una ciudad distinta donde no sólo se avance en lo económico y donde existan más tiendas donde comprar, sino que donde existan verdaderos espacios de dispersión y de encuentro con los otros como personas y donde cada uno pueda ser, en esos términos, más humano y un mejor ciudadano.

viernes, 15 de junio de 2012

No te pierdas: Informe Anual 2012. El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo por Amnistía Internacional



Estimad@s lector@s,
¡No dejen de leer el Informe que muchos no quieren que leas!
Informe Anual 2012 sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo, por Amnistía Internacional.

Equipo Alén




Más información en www.amnistia,cl